lunes, 6 de julio de 2015

¿Qué efecto tienen las grandes concentraciones de medios y oligopolios y monopolios en la opinión pública, y cómo enfrentar estos monopolios y oligopolios desde la protección de la libertad de expresión y desde la protección de la competitividad de libre mercado?

¿Qué efecto tienen las grandes concentraciones de medios y oligopolios y monopolios en la opinión pública, y cómo enfrentar estos monopolios y oligopolios desde la protección de la libertad de expresión y desde la protección de la competitividad de libre mercado?

Especialmente ¿qué efectos pueden tener los monopolios de comunicación en temas electorales?.

El artículo 13 de la Convención Americana consagra el derecho a la libertad de expresión e indica que éste derecho puede ejercerse por cualquier medio, lo cual lleva a tener diversas opiniones en las cuales mi postura es la de evitar caer en un supuesto de invasión de privacidad, o de cuestiones fuera de la moralidad, como insultos o falsos testimonios hacia personas privadas o del ámbito público, los cuales, ya vimos que deben ser sancionados pero por la vía civil o administrativa, no por la vía criminal o penal.

En efecto, el artículo 13 establece que el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole puede ejercerse “oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Asimismo, hace ya más de veinte años, la Corte Interamericana aclaró que, “la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a fundar o utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”.

Además la Corte Interamericana ha señalado que los medios de comunicación cumplen un papel esencial como vehículo o instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión.

La CIDH ha reconocido la potestad que tienen los Estados para regular la actividad de radiodifusión, y en México tenemos un escenario innovador ya que las leyes regulatorias en la materia acaban de ser reformadas por el actual gobierno. Ahora bien la CIDH también establece que ésta facultad abarca no sólo la posibilidad de definir la forma en que se realizan las concesiones, renovaciones o revocaciones de las licencias, sino también la de planificar e implementar políticas públicas sobre dicha actividad, siempre y cuando se respeten las pautas que impone el derecho a la libertad de expresión.

La jurisprudencia interamericana ha destacado que, en relación con la protección, garantía y promoción de los derechos humanos, los Estados no sólo deben abstenerse de “realizar acciones o favorecer prácticas que de cualquier manera se encuentren dirigidas directa o indirectamente, a crear situaciones que, de iure o de facto, discriminen o excluyan arbitrariamente a ciertos grupos o personas en [su] goce o ejercicio, sino que, los Estados están obligados a “adoptar medidas positivas (legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza) para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes".

Como observamos, lo anterior va de la mano con la reforma que en materia de comunicaciones en México hemos tenido durante el gobierno del actual presidente Peña Nieto, ya que la Reforma en materia de Telecomunicaciones derivó de la reforma constitucional a los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de junio de 2013, y que trajo varios cambios acorde a lo que predispone dicha normativa internacional, con una tendencia de evitar monopolios en la materia y ser más equitativos en el uso de estos medios, ya que como mencionaba el reconocido jurista García Maynes en su libro de Introducción al Estudio del Derecho, unos de los factores reales del poder es precisamente el que tiene que ver con los medios de prensa.

Ahora bien, una forma de hacer que exista competitividad y evitar los monopolios más eficiente, es la que se está cocinando en México y que mencioné con anterioridad, y se trata pues en una reforma estructural completa donde se adecuen leyes y reglamentos, exista además un ente regulador y lo más importante, imparcialidad en los procesos, para que de esa manera en igualdad de oportunidades se pueda llegar al cometido planteado.

También es importante que la regulación sobre radiodifusión, prensa escrita y televisión, así como en redes sociales debería tener como finalidad garantizar una mayor seguridad para que las personas puedan expresarse con libertad y sin miedo a ser sancionadas o estigmatizadas por ello.

Por último, el efecto y el gran peligro que se corre de que existan monopolios cuando hay un proceso electoral es que ciertos grupos ya sean de poder gubernamental o económico puedan incidir en el elector a causa de tener una relación directa con el dueño de la concesión que otorga el Estado, por eso es atinado lo que en México se hizo referente a los espacios de comunicación en materia electoral a partidos políticos, ya que de esa forma logramos una equidad y un ahorro presupuestal importante.


Lo trascendente de todo ello es evitar siempre monopolios informativos y de comunicación, ya que además de ser tendenciosos,  provocan una disparidad en cuanto a temas ya que la información siempre debe ser equitativa e imparcial, sino caemos en una posible coacción por parte de la información que se quiera difundir.

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